El pasado 22 de abril, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura el informe del eurodiputado popular italiano Gabriele Albertini sobre los derechos de los pasajeros de autocar y autobús. Tan sólo unos días después, la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha manifestado su descontento con el informe aprobado y ha denunciado la inviabilidad de la aplicación de las normas sobre los derechos de los pasajeros apoyadas en sede parlamentaria.

En concreto, la IRU considera que el informe Albertini no contempla las especificidades del sector del autocar y autobús y que no se ha calibrado suficientemente el impacto económico que las nuevas medidas podrían tener en este sector. Según el vicepresidente de la IRU, Graham Smith, si el Parlamento Europeo y los Estados miembros representados en el Consejo no modifican su planteamiento actual sobre la futura normativa, el sector del transporte de autocar y autobús se podría ver perjudicado hasta el punto de poner en peligro su propia subsistencia.

La IRU reclama que, en base al principio de subsidiariedad, los transportes urbanos, suburbanos y regionales queden exentos del cumplimiento de la futura normativa. Además, la industria hace un llamamiento a las instituciones para que se lleve a cabo un informe sobre el impacto económico que las medidas que se debaten actualmente provocarían en el sector. Este tipo de evaluación debería tener en cuenta el régimen de responsabilidad por accidentes, cancelaciones y retrasos, los pagos adelantados, las exigencias de formación del personal, la accesibilidad de la información para los pasajeros, y otras de las medidas que se discuten actualmente.