La Generalitat Valenciana comienza a realizar los pagos a las empresas de transporte escolar

La Generalitat Valenciana ha comenzado a pagar a los operadores de transporte escolar los cinco meses que les adeudan y que han causado problemas entre las pequeñas empresas, donde las rutas de la Administración suponen hasta un 80% del negocio. El dinero debe servir para cubrir los gastos corrientes y de mantenimiento y especialmente las nóminas de los chóferes y monitores, que han sido adelantadas por las empresas.

En Educación explican que estaban a la espera de que se hiciera efectiva una partida presupuestaria dependiente del ministerio, aunque no concretaron si se trataba de una cuantía específica o se derivaba de algún mecanismo de financiación extraordinario.

Fuentes empresariales señalaron que aunque no es habitual pagar con una periodicidad mensual, lo normal era que una vez aprobados los presupuestos se afrontaran los primeros meses del año.

Los contratos que se mantienen vigentes para la prestación del servicio se prolongan desde hace varios ejercicios, después de que el último concurso impulsado por la conselleria en 2014, en tiempos de María José Català, no llegara a materializarse pese a que existía una propuesta de adjudicación.

Con la llegada del nuevo equipo se optó por declarar desiertos dos lotes y desistir del tercero (había uno por provincia), alegando que se habían producido problemas en cuanto a la presentación de avales y en el diseño de los pliegos, que exigían unas autorizaciones administrativas imposibles de cumplir. Desde las Uniones Temporales de Empresas (UTE's) que concurrieron se consideró que se podrían haber solventado sin necesidad de paralizar el procedimiento y alegaron que existían informes jurídicos de la Generalitat que impedían prorrogar los contratos que se arrastraban de años anteriores. Finalmente Educación optó por prolongar de nuevo los contratos para este curso con la idea de diseñar un nuevo pliego, del que todavía no hay noticias. El conflicto ha derivado en impugnaciones ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y también en la justicia ordinaria.