La comisaria Bulc explica cómo actuar ante violaciones de competencia en el transporte por ferrocarril

En relación con el cuarto paquete ferroviario y la supuesta mayor armonización y liberalización del mercado ferroviario que debiera traer consigo, el eurodiputado croata Tomáš Zdechovský preguntaba a la Comisión Europea por los instrumentos específicos con los que vigilará esa liberalización y que no se discrimine a las empresas privadas que quieran acceder al mercado ferroviario en los Estados miembros. De igual modo, el eurodiputado interpelaba por las medidas a tomar si se produce una violación de la libre competencia en el transporte ferroviario.

La comisaria Bulc ha respondido que los reguladores nacionales ya disponen gracias a la Directiva 2012/34 de una amplia gama de poderes para vigilar y corregir cualquier forma de discriminación contra nuevas empresas que entren en el mercado, con independencia de que sean de capital público o privado. Bulc ha manifestado que una vez que se apruebe el cuarto paquete ferroviario, esos poderes aumentarían.

La comisaria ha recordado a su vez que la Comisión vigila que se cumpla la normativa de la UE y que tiene competencias para abrir procedimientos de infracción contra los Estados miembros si no transponen esa normativa o lo hacen de forma incorrecta. Por tanto, esa sería la medida a adoptar si la violación de la competencia se debe a una mala aplicación de la normativa de la UE. Pero si la violación de la competencia se debe a una conducta discriminatoria de una empresa en el mercado ferroviario (por ejemplo, un gestor de la infraestructura), entonces se puede denunciar ante el regulador nacional y, en algunos casos, también ante la autoridad nacional de la competencia.

Bulc también ha explicado que, si la violación afecta a las normas de competencia de la UE y vienen bajo la forma de, por ejemplo, ayudas de Estado ilegales o abusos de posición dominante, entonces la Comisión Europea es competente en virtud de los poderes que le otorgan los Tratados de la UE. Finalmente, Bulc ha precisado que el actual marco jurídico permite que un Estado miembro restrinja el acceso abierto a partes de la infraestructura ferroviaria si éste decide organizar su mercado de transporte público con arreglo al Reglamento 1370/2007 a través de la adjudicación directa de contratos públicos de servicios a empresas ferroviarias.