El caso de las ayudas de Estado ilegales al transporte escolar en Irlanda

El eurodiputado irlandés Brian Hayes, en relación con la Decisión de la Comisión de 15 de octubre de 2014 sobre ayudas de Estado para los servicios de transporte escolar a las empresas Irish Bus y Dublin Bus (pertenecientes a la empresa pública irlandesa CIÉ- Córas Iompair Éireann), ha preguntado a la Comisión Europea si puede justificar por qué no incluyó en su primera opinión del caso las respuestas de las autoridades irlandesas sobre la justificación de no haber iniciado un procedimiento de licitación pública para los servicios de transporte escolar adquiridos por dichas compañías.

La Comisaria Vestager ha respondido que la Decisión C31/2007 de la Comisión Europea incluye una evaluación de los acuerdos para los servicios de transporte escolar en Irlanda y que, tras su adopción, la Comisión ha estado manteniendo diálogos con el país para acordar medidas apropiadas que aseguren que los acuerdos para dichos servicios sean compatibles con el mercado interior. Por último, Vestager ha declarado que cuando estos diálogos concluyan, se publicarán los resultados.

Cabe recordar que la Comisión adoptó su Decisión C31/2007 sobre ayudas estatales ilegales concedidas por el Gobierno irlandés a las empresas de transporte Irish Bus y Dublin Bus, en el desempeño de sus actividades relacionadas con los servicios de transporte público mediante pagos compensatorios anuales por los servicios de transporte escolar, fondos para nuevos autobuses y subvenciones a las infraestructuras correspondientes, y en general, ayudas a las que no se podían acoger todos los operadores potenciales en condiciones de igualdad y no discriminación.

Para la Comisión, Irish Bus y Dublin Bus son empresas que gestionan servicios de transporte por carretera, entraban entonces en el ámbito de aplicación del Reglamento No. 1191/69 del Consejo (ahora ya derogado), que establecía que el importe de la compensación por servicio público, tenía que limitarse a la diferencia entre los costes imputables al cumplimiento de la obligación y los ingresos obtenidos por dicho cumplimiento.

Desde 2003, las condiciones y el importe de la compensación anual abonada por las autoridades irlandesas a Dublin Bus e Irish Bus eran objeto de memorandos de entendimiento, y a pesar de que las autoridades irlandesas declararon que no los consideraban contratos de servicio público, la Comisión sí consideró que habían recibido una sobrecompensación. Además, ambas empresas también prestaban servicios que no correspondían a lo que puede interpretarse como obligaciones de servicio público (es decir, “servicios comerciales”) utilizando autobuses subvencionados. Por ello, la Comisión estimó que la compensación no se limitaba a los gastos imputables al cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

Por otro lado, la Comisión observó que las estaciones de autobuses, las paradas de autobús, los garajes y las instalaciones de mantenimiento también estaban sujetas a ayudas ilegales por parte del Gobierno irlandés. La Comisión concluyó su Decisión valorando que los contratos de transporte público habían sido adjudicados sin ningún procedimiento de licitación pública, y que además las ayudas estatales estaban sujetas a unas bases discriminatorias que claramente distorsionaban la competencia en el mercado interior, por lo que las declaró ilegales.