FENEBUS fórmula aclaraciones a una incorrecta información de “Expansión” sobre prórrogas de concesiones

El diario “Expansión” del pasado 22 de marzo, recoge un editorial bajo el titular “Puntilla a las líneas de autobús” y otra información en su página 5 titulada “El Supremo tumba el sistema de concesiones de autobús” que en opinión de FENEBUS no son correctas.

En primer lugar, porque no todas las prórrogas autorizadas por las distintas Comunidades Autónomas son iguales y en este sentido es cuando menos incorrecta la afirmación editorial de que “se trata de una clara advertencia a otras Administraciones regionales que también se han regido por la prórroga para renovar sus concesiones. Es el caso de Madrid”… ¡Nada más lejos de la realidad!

Hay que tener en cuenta que la Ley 5/2009 de 20 de octubre de ordenación del transporte y movilidad por carretera de Madrid y el Acuerdo de 23 de octubre de 2009, del Consorcio Regional de Transporte, que aprobó el Plan de modernización y estableció la condiciones de convalidación de la concesiones de transporte público regular permanente de viajeros de uso general por carretera, fueron considerados por la propia Comisión Europea como un ejemplo; ya que su artículo 8.3 recoge expresamente los plazos previstos en el artículo 4, apartados 3 y 4 del Reglamento CE 1370/ 2007 sobre servicios púbicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y los nuevos contratos de dicha entidad con los operadores fueron también suscritos antes del 3 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor del mencionado Reglamento comunitario, por lo que ni el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ni sus operadores interurbanos tienen nada que temer en relación con la advertencia con que editorializa Expansión.

Efectivamente la prórroga fue el sistema empleado por los Gobiernos autonómicos de Madrid, Murcia, Canarias, Cataluña, La Rioja, Valencia y Galicia, pero no fueron prórrogas gratuitas ni concedidas a dedo, responden a unos contratos de servicio público por los que los operadores, que se quisieron acoger a dicha prórrogas, se comprometieron a realizar importantes inversiones en la modernización de sus empresas para mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos, tanto en renovación del material móvil como en los sistema de gestión a nivel tecnológico, medioambiental, informativo, etc.

Como se recordará, el 20 de junio de 2013 la Comisión Europea se dirigió al Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, emplazándole a formular alegaciones en relación a la queja presentada por el grupo español de transporte, Globalia y que se concretaba en tres puntos: 1) Derecho de preferencia del artículo 74.2 de la LOTT, y articulo 73. 3 del ROTT. 2) Derecho de preferencia del titular de una línea regular sobre un servicio de uso especial contemplado en los artículos 88 y 89 de la LOTT y articulo 103 y 104 del ROTT. (En ambos casos se ha demostrado a los servicios de la Comisión que ambos derechos habían sido suprimidos en la normativa de transporte española en la última modificación legal de 4 de julio de 2013) y respecto a la Comunidad de Castilla y León en cuyo requerimiento se cuestionaba el derecho de preferencia del regular de uso general sobre el especial, se aportó a la Comision un proyecto de ley de transporte de dicha comunidad en avanzada tramitación, en el que se podía comprobar la supresión del mencionado derecho de preferencia y 3) Las prórrogas de concesiones aprobadas por determinadas leyes de transporte autonómicas podían suponer un incumplimiento del Reglamento comunitario 1370/2007 antes mencionado.

Todas las Comunidades Autónomas afectadas por este expediente formularon las pertinentes observaciones y aclaraciones a la Comisión Europea que fueron detenidamente estudiadas y valoradas por los servicios de la Comisión, acordando el Consejo de Comisarios de abril de 2015, el archivo del expediente tras informar al grupo español Globalia del resultado de las investigaciones, y comunicándole las correcciones que se habían introducido consistentes en lo siguiente:

En el caso de Cataluña, la Comisión acuerda limitar los plazos de las actuales concesiones a 31 de diciembre de 2029, sin posibilidad de aplicación de más prórrogas como había previsto la ley catalana. En el caso de La Rioja, adelantar la finalización de los actuales plazos de las concesiones del año 2032 a 31 de diciembre de 2029 para cumplir la normativa comunitaria aplicable. En el caso de Murcia, al aclarar la Comunidad que se había cometido un error en una fecha, se procedió a su corrección. En el caso de Canarias, se dio por buena la inversión realizada en renovación de flota, así como la ampliación a que se refiere el artículo 4, 4 del Reglamento Comunitario 1370/2007 por tratarse de una región ultraperiférica. Respecto a Madrid ya hemos comentado que la Comisión dio por buenas las aclaraciones del Consorcio y sobre todo el importe de las inversiones que hicieron y siguen haciendo las empresas operadoras para cumplir el plan de modernización al que se han acogido.

Y por último los casos de Valencia y Galicia, la Comisión en base a las alegaciones de dichas Comunidades Autónomas sobre sus leyes respectivas 16/2008 de 22 de diciembre y 5/2009 de 30 de noviembre, dio por buenas las fechas previstas para el vencimiento de sus concesiones 2027 en Galicia (en su inmensa mayoría concesiones de débil tráfico) y en Valencia 2023, aunque actualmente todas sus concesiones están vencidas y a la espera de una inmediata licitación.

Cuestión distinta es la situación de auténtico sinsentido que se produce como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Supremo referidas a las prórrogas de las concesiones en estas dos últimas comunidades, Galicia y Valencia, que responden a sendas demandas de hace varios años presentadas por la CNMC, organismo que parece tener entre sus objetivos acabar con las concesiones de líneas regulares y con las empresas operadoras titulares de las mismas, a juzgar por sus informes y actuaciones. Las mencionadas sentencias, que deberían de tener en cuenta el expediente que archivo la Comisión por entender que no se había vulnerado la normativa Comunitaria, anulan la Resolución de la Dirección General de Movilidad de la Junta de Galicia de 26 de febrero de 2010 y el Decreto 24/2010 de 29 de enero de 2010 de la Consellería de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, disposiciones ambas aprobatorias de los planes de modernización de las concesiones en dichas Comunidades Autónomas por ser posteriores a la fecha de entrada en vigor del Reglamento 1370/2007. En el caso de Valencia, como antes comentábamos no tendrá eficacia práctica al estar todas las concesiones vencidas y en el caso de Galicia será un asunto a resolver entre Administración y operadores, ya que en el supuesto de aplicarse la resolución de los contratos vigentes, las consecuencias se repartirán por igual entre las partes que lo suscribieron.

FENEBUS espera que estas aclaraciones, de las que ha dado traslado también al diario Expansión, lleven un poco de tranquilidad tanto a las Administraciones autonómicas como a las empresas operadoras afectadas por la información publicada y que en nuestra opinión no es la correcta.