AVE en Palencia: Izquierda Unida denunció en Bruselas el posible incumplimiento de normativa UE

La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha denunciado ante la Comisión Europea la situación de la vía pecuaria Colada del Camino Viejo de Fuentes de Valdepero en Palencia (que discurre dentro de la ciudad con diferentes pasos que -según ha asegurado- contravienen la legislación al respecto y suponen un inconveniente y peligro para las vecinas y vecinos de la ciudad) y su cierre con motivo de la puesta en servicio de la «Alta Velocidad». Albiol ha querido saber si la Comisión intervendrá y también ha interpelado acerca de la necesidad de haber hecho una declaración de impacto ambiental antes de la instalación y puesta en servicio de la nueva línea de Alta Velocidad en superficie.

La comisaria Bulc ha respondido alegando que los Estados miembros y los administradores de infraestructuras están obligados a aplicar las especificaciones técnicas de interoperabilidad a la hora de diseñar una nueva infraestructura ferroviaria, pero no están obligados a informar a la Comisión de cierres de carreteras específicos relacionados con un nuevo servicio. También ha señalado que la Comisión no tiene conocimiento de que la legislación ferroviaria de la UE pueda haberse infringido en este caso concreto.

De igual modo, Bulc ha recordado que la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental exige a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. En caso de cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en el anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, la comisaria ha apuntado que la autoridad competente determinará si es necesario un nuevo procedimiento de evaluación de impacto. En cualquier caso, Bulc ha insistido en que la Comisión no tiene conocimiento de que dicha determinación no haya sido tomada por las autoridades españolas.